Corte Suprema: Intendentes de todo el arco político reclamaron por cobro de tasas municipales

Nacionales 06 de junio de 2019 Por
Intendentes bonaerenses de todo el arco político se presentaron a una audiencia en la Corte Suprema para defender el cobro a las grandes empresas de la tasa municipal de Seguridad e Higiene en sus respectivos municipios.
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Intendentes bonaerenses de todo el arco político se presentaron durante la tarde de este jueves a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender el cobro a las grandes empresas de la tasa municipal de Seguridad e Higiene en sus respectivos municipios, lo que representa cerca de un tercio los recursos locales.

El debate, que terminó llegando a la Corte Suprema, comenzó por la disputa entre el municipio de Quilmes, hoy conducido por el macrista Martiniano Molina, y la empresa petrolera Axion sobre el derecho a imponerle el cobro de una tasa municipal. La empresa se opuso a abonar los 144.007 pesos por deudas de Seguridad e Higiene de las dos estaciones Esso en el municipio, que le reclamó Quilmes en 2002, argumentando que no le corresponde abonar por ganancias obtenidas más allá del distrito. El debate tiene que ver con la aplicación de Ingresos Brutos cuando una actividad económica excede a una jurisdicción.

Luego de diversos recursos y apelaciones el caso llegó a la máxima instancia judicial del país y en diciembre más de 40 jefes comunales presentaron un “amicus curiae” para defender la autonomía de los municipios no sólo para cobrar las tasas correspondientes sino también para llevar adelante los controles de seguridad, medioambientales, etc.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, presentó los argumentos comunes en nombre del colectivo de intendentes; luego habló Fernando Gray (titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría), que presentó su propio amicus; el economista Roberto Feletti, en representación de la Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad conducida por la intendenta matancera Verónica Magario; y cerró el ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, en nombre de la Provincia de Buenos Aires. El reclamo logró unir a todos los colores políticos.

Macri planteó: “Estamos acá, no en una defensa de una tasa a nuestro modo de ver, sino de la Constitución y de la autonomía municipal, sobre todo la reforma de la Constitución de 1994 que deja en claro la existencia de los municipios como parte integrante del Estado”. Luego añadió: “Muchas veces se simplifica la contraprestación al simple hecho de la inspección. La pregunta es solo. ¿Es un inspector verificando el pago de una tasa o es la necesidad de que se verifiquen que se cumplan las normas de seguridad e higiene, desde un matafuegos, a la verificación de derrames tóxicos, impacto medioambiental en la tierra, en el aire, en el agua? Son responsabilidades que asumimos los intendentes”.

Gray, por su parte, denunció que “se trata de beneficiar a las grandes empresas y se perjudica a los sectores humildes”, explicando que mientras que “la ciudad de Buenos Aires emplea 2.200 millones de pesos en veredas, es el mismo monto que tenemos nosotros como presupuesto completo para brindar seguridad, salud y educación a más de 300 mil vecinos de Esteban Echeverría”. “Esteban Echeverría es un municipio con un ajustado presupuesto que atiende necesidades de miles vecinos ante la ausencia del gobierno nacional y provincial. Por eso no podemos desestimar recursos. Le pido a la Corte que se ponga del lado de quienes queremos una sociedad más justa”, insistió.

Intervinieron a favor de la posición de la petrolera, que se resiste al pago de la tasa correspondiente, Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal); Enrique Bulit Goñi, miembro de la Asociación de Estudios Fiscales; Gabriela Tozzini, del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina; Nadín Argañaraz, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL); Rubén Fallabella, de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), y Salvador Femenia, por la Confederación de la Mediana Empresa Argentina (Came).

 

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