Ciudad Jardín: Cooperadora denuncia desalojo municipal "violento y autoritario" de Unidad Sanitaria

Tres de Febrero 07 de mayo de 2019 Por
Integrantes de la Cooperadora de la Unidad Sanitaria 7 denuncia que el intendente Diego Valenzuela impulsó el desalojo violento de un espacio fundamental para la atención sanitaria de vecinos de Loma Hermosa, Pablo Podestá, Villa Bosch, Caseros y San Miguel.
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A fines de abril el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ordenó el desalojo de la Asociación Cooperadora de la Unidad Sanitaria 7 de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar. Integrantes de la Cooperadora denuncian una acción violenta e injusta de las fuerzas municipales contra un espacio de salud erigido y sostenido por los vecinos hace más de 20 años.

En diálogo con Oeste Hoy, integrantes de la Cooperadora relatan que la Unidad Sanitaria 7 se comenzó a construir en 1997, “en épocas de Hugo Curto” (el histórico intendente anterior), gracias a que un grupo de vecinos consiguió la donación del predio provincial para la construcción del espacio de salud. Luego fueron también los propios vecinos los que lograron que la empresa constructora que estaba trabajando para el municipio en los Altos de Podestá también donara la construcción de la salita.

La organización del servicio, la contratación de profesionales, los acuerdos para el equipamiento y el cobro de las cuotas sociales de los vecinos también fueron garantizados por la Asociación Cooperadora, que gracias al aporte de trabajo y las donaciones de cientos de vecinos hizo crecer el espacio y lo mantuvo en funcionamiento hasta hace algunos días.

La Unidad Sanitaria 7 llegó a tener 32 especialistas (en áreas como oftalmología, radiología, cardiología, neurologías, hematología, kinesiología y otras) y a atender a casi 30 mil pacientes en el año 2017. Si bien el conflicto con el municipio no permitió concluir las estadísticas de 2018, la Cooperadora estima que esa cifra fue superada el año pasado. Según relataron, venían a atenderse a la salita, “vecinos de Loma Hermosa, Pablo Podestá, Villa Bosch, Caseros y hasta de San Miguel, porque estaba muy completita”.

Sin embargo, el sucesor de Curto, el macrista Diego Valenzuela, decidió disolver todas las unidades sanitarias del distrito, excepto la número 3 y la 7, que “estaban muy bien organizadas”. Pero desde un primer momento comenzó a “volver locos” a los integrantes de la Cooperadora con pedidos de todo tipo, sin dignarse a visitar el espacio ni una vez.

En agosto de 2018 los administradores de la salita son intimados a abandonar el predio, que ellos habían construido y mantenido sin aporte municipal. Allí se plantean numerosos recursos legales que finalmente son desestimados por la Justicia porque los vecinos no contaban con una certificación de la donación de provincia, lo que autorizaba al municipio a reclamar el predio como propio.

A fines del año pasado se comenzó a implementar en el municipio la Red de Salud AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), que es un programa con fondos provinciales derivados de préstamos del Banco Mundial que comenzarán a pagarse dentro de dos años. En ese marco, el intendente anunció que el objetivo del programa incluía la remodelación, puesta en valor o ampliación de 9 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), 3 centros maternos infantiles y 1 centro de especialidades ambulatorias, además de la construcción de 2 CAPS nuevos.

El objetivo declarado es el de una “prestación primaria de salud gratuita”, pero los integrantes de la Cooperadora de la salita 7 aseguran que “ya lo era” y que el espacio cumplía una fuerte “función social”, ya que además de la atención a socios y no socios del espacio (por cuotas de menos de la mitad que en un consultorio privado), se preveían numerosas colaboraciones con el municipio en atención primaria.

Al vencerse los plazos legales, el pasado 24 de abril Valenzuela ordenó un “desalojo compulsivo y sin aviso previo”, con un equipo municipal y fuerte presencia policial que pasadas las 21 horas ingresó a la sala y la clausuró sin permitir siquiera que los integrantes de la cooperadora retiren los legajos de los pacientes con turno o las computadoras con el registro del trabajo de años. “No respetan el estado de derecho, ni a un usurpador se le hace eso, el Municipio no puede entrar así a un lugar”, denunciaron integrantes de la cooperadora.

Según relataron a Oeste Hoy, además se realizaron una cantidad de intervenciones innecesarias en el espacio, “tirando abajo paredes, baños y cocina”. Luego los funcionarios se retiraron y dejaron el lugar clausurado, con el aviso de que los pacientes podrían tratarse en la sala Arturo Illia de Martín Coronado, lo que tampoco resultó cierto.

Después de quince días de clausura, recién este martes se autorizó la entrada de algunos integrantes de la cooperadora a la Salita para recuperar computadoras y bienes personales. Mientras tanto, cientos de vecinos, entre los cuales se cuentan numerosos jubilados, debieron discontinuar sus tratamientos por el autoritarismo municipal que no se preocupó por buscar una forma de garantizar la continuidad del espacio, aceptando la proposición de algunos integrantes de la Cooperadora sobre una cesión en comodato o algún otro mecanismo que les permita seguir cumpliendo su histórico trabajo en el barrio.

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